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El Gobierno y la oposición de Argentina presionan contra los fondos

No es habitual que el kirchnerismo y la oposición en Argentina se pongan de acuerdo. Pero la batalla judicial contra los llamados fondos buitres que litigan para cobrar el 100% de la deuda que se dejó de pagar en 2001 los ha unido. Legisladores del Frente para la Victoria, que lidera la peronista Cristina Fernández de Kirchner, y del peronismo opositor, el conservador Partido Propuesta Republicana (PRO) y el centroizquierdista Frente Amplio Unen participarán a lo largo de esta semana de una visita a Washington para presionar a favor de un fallo judicial contra los buitres, que rechazaron los canjes de deuda con quita que Argentina ofreció en 2005 y 2010. En cambio, la mayoría de los acreedores aceptó el trueque, que logró una aprobación del 93% de la suma debida. Algunos diputados del Frente Amplio Unen se negaron a viajar por sus diferencias con la gestión kirchnerista de la deuda, pero rechazaron en un documento la posición de los buitres.

Este jueves, el Tribunal Supremo de EE UU debe decidir si analizará o no la apelación contra un fallo favorable a los buitres. Si aborda el caso, Argentina ganará tiempo en su pelea judicial, pero si lo rechaza, el país sudamericano corre riesgos de caer en suspensión de pagos y también quedarán en peligro futuras reestructuraciones de deuda de otros países, según la opinión que el jueves pasado reiteró un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los senadores y diputados argentinos saben que no podrán reunirse con los magistrados del Tribunal Supremo ni influir directamente en su decisión, pero se reunirán con sus pares demócratas y republicanos e intentarán también contactarse con miembros del Gobierno de Barack Obama. La intención es mostrar que no solo el Ejecutivo de Fernández sino también las principales fuerzas de la oposición de Argentina sostienen que todos los acreedores deben cobrar lo mismo y que una minoría no tendría que beneficiarse con un fallo judicial que le permita recibir más.

En 2012, un juez de Nueva York sentenció que Argentina debía pagar 1.297 millones de dólares a los fondos NML y Aurelius, cuyos dueños son norteamericanos pero tienen residencia en paraísos fiscales, y a otros acreedores argentinos que rechazaron los canjes propuestos por los Kirchner. El juez añadió que Buenos Aires no podía seguir cumpliendo con las obligaciones de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 hasta que no les pagara a esos litigantes. En 2013, un tribunal de apelaciones neoyorquino ratificó el fallo, pero aún sigue en suspense hasta que haya un pronunciamiento definitivo.

Argentina ha apelado al Tribunal Supremo de EE UU, que solo aborda una minoría de las causas que le llegan según su relevancia para la jurisprudencia norteamericana. Ese tribunal anunciará este jueves qué hará con el caso. Hay tres posibilidades. Una es que lo acepte. De ser así, Buenos Aires ganaría tiempo quizá hasta 2015, cuando se conocería el fallo final. La segunda opción es que el tribunal pida la opinión del procurador (fiscal) general de EE UU, que es nombrado por el Gobierno. Hasta ahora la administración Obama ha compartido las preocupaciones del FMI por el eventual efecto negativo de un fallo a favor de los buitres en otras reestructuraciones de deuda, aunque no se ha presentado en el juicio como amigo de Argentina, a diferencia de Francia. Si interviene el procurador general, Buenos Aires también lograría una postergación del fallo hasta 2015. Pero la tercera opción es que el Tribunal Supremo rechace la causa argentina y entonces el Gobierno de Fernández se vea ante el dilema de abonar lo solicitado por los buitres o entrar en suspensión de pagos de la deuda reestructurada con legislación neoyorquina, que asciende a 17.500 millones. Argentina sostiene que no solo debería pagar los 1.300 millones de este caso sino otros 10.000 millones de otras causas de acreedores de la suspensión de pagos de 2001, la mayor de la historia humana.

Buenos Aires se esperanza con las primeras dos opciones. Por un lado, para ver si logra revertir los fallos en contra y pagar con quita a los litigantes. Por otro, porque implicarían retrasar la resolución final hasta 2015 y abrir la posibilidad de una negociación con los buitres. Sucede que la deuda reestructurada de 2005 y 2010 contiene una cláusula que vence a finales de 2014 y que establece que Buenos Aires no puede ofrecer a los que rechazaron los canjes una mejor oferta que a los que la aceptaron. Una vez pasada esa fecha, podrá hacerlo.

Una duda es qué sucede si el Tribunal Supremo rechaza el caso argentino y Buenos Aires cambia de postura y aceptar pagar el 100% de lo debido a los buitres con tal de evitar una suspensión de pagos de la deuda reestructurada. ¿La cláusula mencionada obligaría al país sudamericano a pagar el 100% también a la mayoría de acreedores que había aceptado el canje, con lo que la deuda argentina volvería a dimensiones impagables como en 2001? ¿O no se aplicaría esa cláusula porque no se trataría de una mejor oferta de Buenos Aires a los litigantes sino de una orden judicial que la obliga a abonarles más? Otra discusión judicial.

Fuente: http://.elpais.com

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